Además de la destitución de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, el Congreso de Nuevo León también quiere quitar del cargo al actual Secretario de Gobierno, Manuel González
Derivado de un presunto desvío de recursos, utilizados para la recolección de firmas para la candidatura presidencial de El Bronco, en las elecciones de 2018, el Congreso de Nuevo León busca destituir e inhabilitar a Jaime Rodríguez Calderón, actual gobernador del estado, y al Secretario General de Gobierno, Manuel González.
De acuerdo con el documento emitido por la Comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León desde ayer, la inhabilitación de Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González sería por seis años.
“El Congreso del Estado impone a Jaime Rodríguez, en su carácter de servidor público como Gobernador del Estado de Nuevo León, la sanción consistente en destitución del cargo de Gobernador e inhabilitación como servidor público por seis años”, se detalla en el dictamen.
Añade que la sanción sería aplicada a partir de que entrara en vigor dicha iniciativa, la cual será votada el día de mañana, 12 de marzo, a las 17:00 horas (hora local) en la sede del Congreso.
Sin embargo, debido a que Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar dicho dictamen, aunque este fuera aprobado por la mayoría simple del Congreso (22 votos), no tendría un efecto inmediato hasta la respuesta del órgano supremo.
En el caso de Manuel González, Secretario de Gobierno, el dictamen presentado por la Comisión Anticorrupción del Congreso, sí tendría un efecto inmediato, por lo que mañana se decidirá si continúa o no en el cargo.
¿Cómo fue el presunto desvío de recursos de El Bronco?
El 31 de enero de 2018, el Senador Samuel García, en ese entonces diputado local, presentó una denuncia en donde acusó al Estado de utilizar a funcionarios y 572 servidos públicos para recabar las firmas necesarias que lo acreditaran como candidato a Rodríguez Calderón, reveló el portal ABC Noticias.
Derivado de esta denuncia, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó, el 26 de junio de 2018, la existencia de la infracción electoral consistente en un “desvió de recursos gubernamentales”.
Desde entonces se inició una disputa legal que incluyó impugnaciones y otros recursos para evitar que los diputados sancionaran al Gobernador y al Secretario de Gobierno, finaliza ABC.
Con información de ABC
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