“Recuperar estas tierras es devolverles su vocación agrícola”: Sedema sobre acciones en Tláhuac

Luego de que el Gobierno capitalino recuperara 11 hectáreas de suelo de conservación y área natural protegida en la Sierra de Santa Catarina, Tláhuac, Julia Álvarez Icaza, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), detalló a Crónica los desafíos y logros de esta intervención que involucró la demolición de 44 construcciones irregulares y un despliegue de casi 2 mil servidores públicos.

“Fue un operativo ordenado y pacífico, donde el respeto a los derechos humanos fue prioritario. Contamos con la participación de 10 instituciones y la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En todo momento se buscó mantener un diálogo cordial con los habitantes de las construcciones irregulares, quienes finalmente accedieron a cumplir con las disposiciones legales,” afirmó Álvarez Icaza.

Según explicó, este espacio cuenta con doble nivel de protección: es parte del suelo de conservación de la Ciudad de México y está clasificado como área natural protegida, lo que hace imperativa su conservación.

El proceso de recuperación no fue sencillo. El operativo incluyó la demolición de 44 construcciones irregulares, de las cuales 12 estaban habitadas por 57 personas. Álvarez Icaza subrayó que el operativo estuvo planeado con extremo cuidado para garantizar el respeto a los derechos humanos y el bienestar de las familias afectadas.

“En todo momento hubo diálogo con los pobladores. Este operativo fue acompañado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y diversas dependencias, como el DIF y Protección Civil, para asegurar que todo se realizara de manera pacífica. Además, se ofrecieron alternativas y apoyos a las personas que habitaban estas construcciones”, destacó.

Entre los apoyos ofrecidos estuvieron el traslado de enseres domésticos a los domicilios indicados por los afectados, así como la habilitación de dos albergues provisionales. Aunque ninguna familia optó por permanecer en ellos, el gobierno facilitó mudanzas y brindó información sobre programas sociales, incluidas alternativas de vivienda mediante un censo habitacional.

Este enfoque integral permitió que el desalojo se realizara de manera ordenada y sin confrontaciones.

“Las personas entendieron que sus construcciones estaban en una zona que no debían ocupar, y gracias al diálogo se logró cumplir con la orden de recuperación”, agregó Álvarez Icaza.