Beneficia regularización a la alcaldesa Beristain

• La regularización en la tenencia de la tierra de la colonia Colosio no sólo benefició a más de 3 mil 400 familias, también a la alcaldesa Laura Beristain.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La regularización en la tenencia de la tierra de la colonia Colosio anunciada el pasado domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo benefició a más de 3 mil 400 familias, sino también a la alcaldesa Laura Beristain Navarrete, quien desde hace cinco años obtuvo en esa misma zona un terreno donde hoy opera un hotel valuado en dos millones de dólares.

Se trata del hotel Suites Cielo y Mar, un complejo turístico de tres estrellas, cuyos permisos obtuvo cuando fungía como regidora del ayuntamiento de Solidaridad gracias a los privilegios que en su momento recibió del entonces presidente municipal priista Mauricio Góngora Escalante, actualmente bajo proceso penal por desvíos millonarios en especulaciones de terrenos, tras despojar a propietarios originarios.

Como candidata a la presidencia municipal, Beristain Navarrete se comprometió a realizar las acciones necesarias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para lograr que el fundo legal de Playa del Carmen, donde se incluye la colonia Luis Donaldo Colosio, conquistara la certeza jurídica y así poner fin a las corruptelas del PRI y del PAN que impidieron que la gente tuviera en regla su patrimonio.

Al comienzo de su administración, la alcaldesa Beristain Navarrete visitó en la cárcel al ex alcalde priista Mauricio Góngora, a quien no sólo debe los permisos de su hotel sino su formación y oportunidades políticas. “Para mí ha sido mi padrino político”, enfatizó.

Pero la regularizar en la tenencia de la tierra de la colonia Luis Donaldo Colosio, también representó un golpe directo a las políticas de regímenes neoliberales que protegieron fuertes intereses económicos extranjeros de los ex gobernadores, Félix González y Roberto Borge.

Las irregularidades en esta colonia popular se remontan a la administración de Joaquín Hendricks Díaz, en cuya administración creó la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) con el objetivo de la supuesta regularización en la tenencia de la tierra. Esta empresa paraestatal se conformó por las autoridades estatales mediante el Instituto de Vivienda (Inviqro) con 51% de las acciones así como del ahora finado Francisco Rangel Castelazo y su familia con el 49% restante, quienes se beneficiaron del lucro con estos terrenos.

Esta negra historia de corrupción política, ha sido meticulosamente deshojada por la investigadora Rosalía Camacho Lomelí, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explica que el gobernador Hendricks Díaz (1999-2005) elevó desproporcionadamente los costos del metro cuadrado mediante la especulación de terrenos en esta zona, lo que provocó que las condiciones para los pobladores de la Colosio se convirtieran en un barril sin fondo.

Fueron los propios accionistas de la paraestatal los que establecieron el costo de cada predio a través de un avalúo discrecional impuesto desde Dereimaya, señala la doctora de la UNAM.

“Con la conformación de esta empresa, se observó cómo las autoridades locales se asociaron con los intereses privados para tener control sobre los predios de la colonia Colosio que presentaban importantes valores de suelo para la continuación de la turistificación en Playa del Carmen”, explica la investigadora.

Por tales anomalías, añade, la empresa Derimaya fue emplazada a comparecencia en mayo de 2018 ante el Congreso local, pero ninguno de los accionistas acudió; ante ello, en septiembre de ese mismo año se solicitó la aplicación de una auditoría que tampoco se realizó. Por más de 24 años, la paraestatal se había dedicado a cobrar cuotas a los ocupantes de los predios para supuestamente agilizar la regularización, lo cual nunca ocurrió, denuncia la investigadora.