Algunos de los detenidos se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año.
Nueve personas de origen indígena se encuentran privadas de su libertad en la cárcel de Playa del Carmen, acusadas por diversos delitos cometidos, pero la falta de traductores de sus lenguas maternas ha complicado el esclarecimiento de sus casos.
Ellos fueron encarcelados desde hace más de un año, pero sus procesos penales avanzan lentamente y tienen ese tiempo tras las rejas sin recibir una sentencia.
Se trata de personas recluidas en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, donde la Unidad de Asuntos Indígena de Solidaridad ha logrado interventir con la asesoría legal. Los acusados son de origen tzeltal y mam, principalmente, provenientes de Chiapas y Guatemala.
Hermelindo Be Cituk, jefe de la citada unidad, pidió a la población que conozca casos similares acercarse a la dependencia para brindar la asesoría legal a las personas que se encuentren bajo investigación por un delito.
Algunas de estas personas privadas de su libertad, dijo Be Cituk, sólo tuvieron un señalamiento por la posible comisión del delito, sin embargo, al carecer de traductores que se complementaran con su defensa, la autoridad judicial los vinculó inmediatamente a un proceso con prisión preventiva.
“Actualmente tenemos en la Unidad de Asuntos Indígenas un abogado y nosotros damos asesoría en esa parte, pues hay mucha gente que está encarcelada por falta de un traductor. Nos hemos coordinado también con el Inmaya (Instituto para el desarrollo del pueblo maya) para atender esos casos y hemos atendido a las nueve personas, coordinados también con la Fiscalía del Estado”, explicó Be Cituk.
Garantizar acceso a traductores es obligación
El artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura; asimismo el órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes durante el proceso.
“Nosotros tenemos la obligación de garantizar no sólo los derechos lingüísticos y culturales de la población indígenas, sino también de sus derechos humanos”, recordó Be Cituk.
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