El Poder Judicial de la Federación negó a la Calica un amparo en contra de la clausura que le impuso el gobierno federal, en 2022, sobre la zona extractiva de material pétreo ubicada en el predio La Rosita, en Quintana Roo.
El revés judicial contra la trasnacional se dio a conocer en un acuerdo dictado el martes dentro del juicio de amparo indirecto 806/2023. El Juzgado Segundo de Distrito sobreseyó el juicio de garantías promovido por Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company.
“Se sobresee en el juicio de amparo promovido por (…) contra los actos que reclamo de la Directora General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otra”(sic), se lee en el resolutivo del mencionado expediente.
Calica había demandado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mediante el juicio de amparo indirecto debido a que no le retiró la clausura sobre La Rosita, en una petición administrativa realizada en 2023.
“Reclamó actos derivados de la orden y acta de número (…) levantada el cinco de mayo de dos mi veintidós, en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el predio “La Rosita”. Además, de la lectura del escrito inicial de demanda y del escrito de cuenta, se advierte que la moral quejosa a través de su apoderado legal, reclama la orden y acta, ambas con número de identificación (…) de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en materia de impacto ambiental”(sic), se lee en un expediente vinculado.
La clausura practicada el 5 de mayo sobre el predio La Rosita, es la que actualmente mantiene paralizada la extracción de material pétreo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que buscan expropiar los terrenos del particular ubicados a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, para convertirlos en Área Natural Protegida (ANP).
Vulcan Materials Company, sigue además un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativa a Inversiones (Ciadi) con la que pretende que el gobierno de México le pague mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios.
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