En el corto plazo, no se prevé que la decisión genere un impacto en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer hasta que culmine su sexenio a finales del 2024, el rol de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado en este gobierno, según estimaron los analistas.
La Suprema Corte de Justicia de México invalidó el martes el traspaso a la Secretaría de Defensa de la Guardia Nacional que fue aprobado el año pasado por el Congreso, una decisión que representa un revés para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
En el corto plazo, no se prevé que la decisión genere un impacto en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer hasta que culmine su sexenio a finales del 2024, el rol de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado en este gobierno, según estimaron los analistas.
Con el voto a favor de ocho de los 11 ministros el máximo tribunal declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. Con López Obrador, la Guardia Nacional había ido asumiendo cada vez más funciones en el ámbito civil como las aduanas, los aeropuertos y hasta la vigilancia en el metro de Ciudad de México.
Los ministros estimaron que el decreto promovido por López Obrador viola el artículo 21 de la Carta Magna y representa un “fraude a la constitución”.
Así lo planteó el ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara en su proyecto de sentencia al reconocer que era “inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando” de la Guardia Nacional al Ejército.
Durante el debate, la también ministra Margarita Ríos Farjat indicó que el decreto presidencial dejaba en entredicho el carácter civil y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública e implicaba un “riesgo” de seguridad jurídica debido a que se tenía un órgano que respondía a dos secretarías, una civil y otra castrense.
Con esta decisión el manejo de la Guardia Nacional deberá retornar a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana tal como se venía aplicando desde que se constituyó el cuerpo en el 2019 tras la eliminación de la policía federal.
El traspaso fue aprobado en septiembre por el Congreso, controlado por oficialismo, como parte de una reforma legislativa que promovió López Obrador en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.
En los últimos días, el mandatario se manifestó contra el posible regreso de la Guardia Nacional a manos civiles y dijo que de revertirse la reforma legislativa el cuerpo podría terminar siendo corrupto.
López Obrador sostuvo que de mantenerse la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa eso permitiría más profesionalidad y honestidad entre los integrantes del cuerpo.
De los más de 100.000 efectivos que integran la Guardia Nacional, más del 80% provienen del Ejército y la Marina.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia fue celebrada por organizaciones humanitarias, por juristas y analistas que consideraron favorable que los ministros de la Corte garantizaran la defensa de la constitución y no se dejaran presionar por las declaraciones que realizó en la última semana López Obrador, quien aseguró que la invalidación del traspaso de la Guardia Nacional al Ejército implicaría un “error garrafal”.
“La decisión demuestra que la Suprema Corte está decidida a actuar como un auténtico órgano de control de los actos gubernamentales para que se respete la constitución”, dijo a The Associated Press el abogado Sergio Méndez, integrante de la organización civil local Fundación para la Justicia, que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Méndez indicó que aunque la decisión representa un “candado normativo” para el gobierno de López Obrador ante el proceso de militarización de la seguridad pública, admitió que dudaba de que en el corto plazo pueda verse algún cambio. Recordó que operativa y estructuralmente el Ejército controla a la Guardia Nacional.
En ese sentido, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, expresó que la sentencia debe servir para que el gobierno “empiece un proceso de desmilitarización de la Guardia Nacional, lo cual implica que la mayoría de su personal sea de origen civil y que el comandante que dirige la Guardia Nacional deje de ser un militar”.
Sobre el argumento que ha sostenido López Obrador de que los militares son necesarios para hacer frente a los grupos criminales mexicanos, Olivares afirmó que durante los 17 años en que la Fuerza Armada ha estado en las calles no se ha logrado contener la violencia en México.
Por el contrario, apreció, se han incrementado las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados y citó como ejemplo los asesinatos de civiles a manos de militares ocurridos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en febrero y el pasado fin de semana.
A pesar del amplio despliegue del Ejército y de la Guardia Nacional, la inseguridad en México no ha mermado. El pasado fin de semana un grupo armado realizó un ataque a plena luz del día en un balneario repleto de visitantes en el estado central de Guanajuato, un suceso que dejó siete muertos, entre ellos, un niño de siete años.
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