Las autoridades informaron que se habían generado órdenes de aprehensión para tres funcionarios de migración, dos guardias de seguridad privados y un inmigrante acusado de iniciar el incendio.
Las autoridades no proporcionaron los nombres de los sospechosos que habían sido detenidos, pero afirmaron que se habían obtenido órdenes de aprehensión para tres funcionarios gubernamentales de migración, dos trabajadores de seguridad privada y un migrante acusado de iniciar el incendio. La sexta persona acusada aún no había sido detenida.
El miércoles, las autoridades afirmaron que estaban investigando el incendio como un caso de homicidio, y dijeron que algunos de los responsables, entre ellos agentes federales y estatales, no habían permitido que los migrantes escaparan del fuego. No revelaron los cargos contra los acusados en el caso.
El incendio inició el lunes por la noche, cuando un grupo de migrantes detenidos le prendió fuego a unos colchones porque temían que fueran a ser deportados, afirmaron las autoridades mexicanas.
Según Sara Irene Herrerías Guerra, una de las principales fiscales federales especializada en derechos humanos, algunos migrantes, durante entrevistas, le dijeron a los funcionarios que no les habían dado agua durante su detención.
Un video que apareció esta semana parecía mostrar que cuando comenzó el incendio, personas uniformadas en el centro de detención se alejaron y dejaron a varios hombres tras las rejas mientras el humo llenaba el lugar donde estaban detenidos.
“Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, afirmó Herrerías Guerra.
Además de los 39 muertos, 27 personas permanecen hospitalizadas. Entre los fallecidos había 18 guatemaltecos, seis hondureños, siete salvadoreños, siete venezolanos y un colombiano.
“Nuestro gobierno tiene como prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria”, afirmó el jueves Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno.
Las muertes se producen después de semanas de tensiones crecientes en Ciudad Juárez por la presencia de migrantes que buscan cruzar a El Paso, Texas, al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente municipal de Ciudad Juárez prometió recientemente una estrategia más severa hacia los migrantes, los cuales, afirmó, “pueden afectar la economía de la ciudad y a miles y miles de juarenses, de paseños”.
Los migrantes trasladados al centro antes del incendio del lunes habían sido detenidos luego de que algunos residentes locales se quejaran de personas que pedían dinero en las calles, dijo Rodríguez Velázquez.
“Hubo varias denuncias de vecinos de que un grupo de migrantes, no sabemos si este u otro, agredía a la gente pidiéndole, exigiéndole dinero en las calles”, afirmó, y agregó que las autoridades decidieron hacer un operativo para detener a los migrantes y llevarlos al centro.
Rodríguez Velázquez afirmó que el gobierno había encontrado irregularidades dentro de una empresa que brindaba servicios de seguridad en el centro, Grupo de Seguridad Privada CAMSA, y que su contrato con las autoridades migratorias sería rescindido.
“Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa esta semana, y agregó que los responsables serán castigados “de conformidad con la ley”.
El gobierno de Estados Unidos declaró estar dispuesto a ayudar a México en su investigación sobre la causa del incendio.
“Estamos listos para brindar cualquier asistencia”, afirmó Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, en una sesión informativa el martes, y agregó: “Esta tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo”.
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