25 noviembre, 2024

Fiscalía de México informa de dos investigaciones por casos vinculados al software Pegasus

La Fiscalía General de México (FGR) confirmó este domingo que lleva a cabo dos investigaciones, en casos separados, que involucran al software de intervención de comunicaciones Pegasus, por las cuales también ya gestiona órdenes de captura, aunque no precisó contra quiénes, según un comunicado de la entidad.

La Fiscalía reportó que la primera de las indagaciones se da por presuntas irregularidades de la extinta Procuraduría General de la República en la adquisición del “equipo de inteligencia Pegasus” sin que “existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.

De acuerdo con la Fiscalía, en el proceso, el entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, y otros “servidores públicos” que no fueron mencionados, presuntamente cometieron los delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

Zerón se encuentra detenido en Israel a la espera de que se concrete un pedido de extradición formulado por el Gobierno de México por su presunta participación en delitos vinculados con la investigación relacionada con los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014.

Zerón ha dicho en el pasado que los cargos que se le imputan son falsos y que tienen motivaciones políticas. CNN está tratando de localizar a su abogado para que se pronuncie sobre este nuevo caso.

La Fiscalía dijo además que si se obtiene información a la posible utilización de Pegasus en espionaje ilegal, se podría “ampliar la acción penal por los delitos vinculados”.

Segunda investigación sobre Pegasus

La segunda investigación sobre el software Pegasus, confirmada por la FGR este domingo, tiene que ver con el posible delito de “intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos”, según el comunicado.

En este caso, la entidad indicó que hay una persona que será sometida a juicio por cargos de intervención ilegal de comunicaciones.

CNN está tratando de obtener información sobre cómo se declara el detenido ante la acusación.

En noviembre de 2021, cuando fue detenida esta persona, el fiscal especial para la Atención a los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que el acusado “era operador de este sistema dentro de una empresa privada encargada de comercializar este software en México”.

En su comunicado de este domingo, la Fiscalía explica que en este caso se ha presentado ante la autoridad judicial pruebas que sugieren que la empresa que desarrolla el software, NSO Group, presuntamente vendía ilegalmente el sistema mientras que, al mismo tiempo, “lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”.

CNN está intentando obtener una respuesta de la compañía ante estos señalamientos.

Pegasus es una plataforma que, de manera indetectable, puede intervenir teléfonos celulares y tener acceso a correos, archivos, fotos y chats.

A inicios de octubre, un grupo de organizaciones civiles denunció el espionaje en México de al menos tres periodistas y activistas defensores de Derechos Humanos a través del software entre los años 2019 y 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó las acusaciones y dijo en su conferencia matutina del 4 de octubre que “no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor”.

Luego de esa denuncia, un vocero de la empresa le dijo a CNN que NSO Group “no opera Pegasus, no tiene visibilidad de su uso y no recopila información sobre los clientes o a quién supervisan”.

Agregó que “NSO otorga licencias de Pegasus únicamente a las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de estados soberanos y agencias gubernamentales luego de la aprobación del gobierno israelí. Cuando determinamos irregularidades, rescindimos los contratos”.